El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, enfrenta una prohibición de viaje impuesta por el Ministerio de Justicia mientras se investigan acusaciones de rebelión tras su declaración de ley marcial. Esta medida, emitida tras solicitudes de la policía, fiscales y una agencia anticorrupción, mantiene al mandatario bajo escrutinio legal y podría resultar en su detención si intenta evadir la prohibición.
El decreto de ley marcial, vigente por apenas seis horas el pasado martes, provocó indignación nacional e internacional. Yoon movilizó tropas en Seúl, acusando al Parlamento de ser una “guarida de criminales” y prometiendo eliminar a quienes consideraba “antiestatales”. Sin embargo, la Asamblea Nacional rechazó rápidamente el decreto, obligando a su levantamiento.
La situación escaló el domingo con la detención del exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, acusado de recomendar la imposición de la ley marcial. Además, tres altos comandantes militares fueron suspendidos por su presunta participación en los eventos. El Partido Democrático, principal oposición, calificó las acciones de Yoon como un “golpe de Estado” y presentó denuncias contra él y otros altos funcionarios.
A pesar de las críticas, el líder del gobernante Partido del Poder Popular, Han Dong-hun, indicó que buscarán una salida ordenada para Yoon, minimizando la confusión social. Sin embargo, Yoon sigue en control del ejército, conforme a la constitución.
El mandatario, quien asumió el cargo en 2022, enfrenta una creciente presión política y legal mientras intenta sortear una crisis que amenaza su presidencia. Con un Parlamento dominado por sus rivales liberales, el futuro de Yoon y de su partido permanece incierto en medio de esta tormenta política.