El régimen de Nicolás Maduro mantiene desde hace 17 días un cerco alrededor de la Embajada de Argentina en Caracas, donde seis opositores venezolanos buscan asilo desde marzo. Las condiciones en la sede diplomática, actualmente protegida por Brasil, se han deteriorado drásticamente debido a cortes de electricidad, agua y el bloqueo de alimentos, en violación al derecho internacional.
Entre los refugiados se encuentran figuras claves de la oposición como Fernando Martínez Mottola, exministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática, y Magalli Meda, jefa de campaña del comando «Con Vzla». Todos enfrentan acusaciones de conspiración y traición a la patria por parte del régimen chavista.
El asedio comenzó el 23 de noviembre tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, luego de que el presidente argentino, Javier Milei, desconociera la reelección de Maduro. Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, retiró los fusibles de la embajada, limitando el acceso a electricidad a unas pocas horas diarias mediante una planta generadora. Desde el 27 de noviembre, se restringió el acceso a camiones cisterna, dejando a los refugiados con escasa agua potable.
El hostigamiento incluye sobrevuelos de drones, bloqueos de comunicación y allanamientos en los alrededores. La madrugada del 4 de diciembre, 20 hombres armados intentaron ingresar a la fuerza. Líderes opositores como María Corina Machado califican las acciones como «terrorismo de Estado».
La comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos, Uruguay y Paraguay, exige que se emitan los salvoconductos necesarios para que los asilados puedan salir del país. Organismos como la Cruz Roja han sido instados a intervenir debido a la grave crisis humanitaria.
Los refugiados llevan 264 días en la embajada, en condiciones precarias, mientras la presión diplomática busca garantizar su salida segura.