La discusión sobre penas más severas se reavivó en Paraguay tras los recientes crímenes que sacudieron a la ciudadanía. La diputada Rocío Vallejo (PPQ) consideró inviables tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, señalando que estas figuras no se ajustan a la Constitución Nacional ni a los tratados internacionales ratificados por el país.

La legisladora recordó que el artículo 4 garantiza el derecho a la vida desde la concepción y prohíbe expresamente la pena de muerte. En cuanto a la cadena perpetua, explicó que la pena máxima actual es de 30 años, extendida a 40 con medidas de seguridad. Modificar esto requeriría una reforma constitucional.

Sobre los adolescentes, Vallejo aclaró que no pueden recibir penas de adultos por la falta de madurez legalmente reconocida. “No dimensionan la gravedad de sus actos”, sostuvo. También señaló que las leyes penales no pueden aplicarse retroactivamente, en relación con el caso de María Fernanda Benítez.

Por su parte, el diputado Raúl Benítez (independiente) criticó el enfoque punitivista. “Es muy fácil proponer más penas, pero eso no resuelve nada”, afirmó. Insistió en la necesidad de políticas de prevención y atención a problemas estructurales como la drogadicción y la marginación juvenil.