Fidelino Benítez, barrendero de la Municipalidad de Asunción, sobrevive con apenas G. 400.000 al mes tras convertirse en una víctima más de la denominada “mafia de los pagarés”. Su historia comenzó en 2018, cuando solicitó un pequeño préstamo a un compañero de trabajo. Pese a haber devuelto el dinero, nunca recibió el pagaré firmado, lo que marcó el inicio de su calvario judicial.

El excompañero, ya jubilado, entregó el pagaré a un abogado identificado como Raúl Alfredo León Paredes, quien inició dos juicios en el Juzgado de Paz de Trinidad. Desde entonces, mediante medidas judiciales, se le deduce entre G. 700.000 y G. 900.000 mensuales de su salario. Benítez afirma que ya pagó más de cuatro veces el valor original de la deuda.

“Solo me queda G. 400.000 para vivir, no alcanza para nada”, expresó con angustia. Su caso se suma a los de cientos de trabajadores que sufren por la falta de regulación efectiva en este esquema de cobros abusivos amparados por vacíos legales.

Organizaciones civiles exigen al Poder Judicial y al Congreso una reforma urgente que frene esta forma de usura legalizada, que castiga a los sectores más vulnerables. La historia de Fidelino expone la crudeza de una estafa silenciosa con rostro legal.